Aunque no sea un concepto que se discuta con regularidad, el acceso a la ciencia es considerado como un derecho de la humanidad. Hay quienes ven en cuenta que la definición de esta palabra hace alusión a las utilidades que se encuentran a partir del conocimiento y que se pueden llevar a la práctica para así conocer el mundo.
En ese orden de ideas, el acceso a la ciencia termina por convertirse en un derecho fundamental para las personas, particularmente si se piensa en las posibilidades de aplicar la ciencia para mejorar la calidad de vida, en cuyo caso se destaca por supuesto aquellas situaciones en las que se ve involucrada la investigación en el campo de la salud.
Además de lo anterior, desde el año 1966 en la carta internacional de los derechos humanos se incluyó el acceso a la ciencia como un derecho reconocido que todos deben gozar de cada uno de sus beneficios.
En ese orden de ideas, al ser la ciencia un derecho humano, debería ser compartida con todos, pero con el avance del mercantilismo y las lógicas de mercado que abogan por el interés privado, parece ser que este goce es toda una utopía.
En conclusión, las condiciones de un acceso abierto, entre otra clase de trabas como las patentes o el interés de las compañías farmacéuticas, están interviniendo de forma negativa en el libre acceso a la ciencia, una condición perjudicial si se piensa en su utilidad práctica para la mejora de la calidad de vida.